La agenda ambiental: escoger las batallas

Este es sin duda un año intenso para la agenda ambiental: Descarbonización, Ley REP, modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, COP25, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Delitos Ambientales y Ley Marco de Cambio Climático, son solo algunos de los temas que están en actual desarrollo.

¿Son todos abordables? Claramente no, al menos no con el dedicado interés que éstos requieren. Los temas ambientales son parte de la discusión pública, política y ciudadana cotidiana, y su implementación por parte del Estado a través de la institucionalidad ambiental es de la mayor relevancia para el país. Así, la evaluación que hace el Servicio de Evaluación Ambiental de los proyectos es fundamental para un desarrollo sostenible, las decisiones que toman los Tribunales Ambientales marcan la pauta en materia de certeza jurídica; la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza y atiende la demanda ciudadana; y el Ministerio del Medio Ambiente lleva una agenda legislativa del mayor peso.

Pero los organismos están sobrepasados y no cuentan con los recursos necesarios para abordar todos los temas. Dado esto, la agenda ambiental debe priorizarse, lo que no es tarea fácil ya que las necesidades del país (y del mundo) en materia ambiental son infinitas y no hay tiempo que perder.

Dado lo anterior, es fundamental escoger las batallas. En particular, la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental probablemente concentre el mayor interés como eje estructural de la política ambiental y como parte del impulso económico que busca el Gobierno. Esta semana el Ministerio del Medio Ambiente anunció indicaciones al proyecto que moderniza dicho sistema, eliminando macrozonas, participación ciudadana temprana y el Comité de Ministros, y reforzando la evaluación técnica, para destrabar la discusión legislativa. Por otra parte, es indispensable concretar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ya lleva 8 años de tramitación y es el único órgano de la (ya no tan) nueva institucionalidad ambiental aún pendiente.

El Gobierno debe mostrar avances concretos de cara a la toma de decisiones en la “Zona Azul” y las batallas mencionadas son una buena carta para llegar a la COP25 con una agenda más consolidada y demostrar que el Anfitrión tiene la solidez institucional que se requiere para promover acuerdos.